Ciclo Permanente de Tesis sobre Derechos Sociales y Políticas Públicas
Gustavo Maurino y Laura Royo
En el SUM del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho tuvo lugar el primer encuentro del Ciclo Permanente de Tesis. En este caso, la tesis presentada fue “Las políticas habitacionales de emergencia en la ciudad de Buenos Aires en el periodo 2006-2012 desde un enfoque de derechos humanos. El contraste entre las políticas de la emergencia y el derecho a la vivienda”, cuya exposición estuvo a cargo de Laura Royo.
Laura Royo destacó que el objetivo general de la tesis fue analizar el origen, desarrollo y consecuencias de las interrelaciones existentes, si las hubiera, entre la adopción del enfoque de derechos humanos y las políticas públicas de emergencia habitacional implementadas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2006 y 2012. “El primer punto es aclarar que esta tesis no está enfocada en villas, núcleos habitacionales transitorios, conventillos u otras modalidades específicas de déficit habitacional”, especificó Royo. Asimismo, remarcó que, especialmente, el eje de la tesis es analizar el programa de atención para familias en situación de calle, en su conexión con la red de paradores y hogares. Además, busca describir las relaciones o falta de interconexión de los tres poderes del estado. “En particular, el eje está puesto en el Poder Judicial, como poder del estado obligado a adoptar este enfoque de derechos humanos, y resultaba que en el marco de la Maestría de Políticas Sociales el Poder Judicial no es frecuentemente estudiado”, relató. Respecto al marco teórico y metodológico, la expositora aseveró que se trata del enfoque de derechos humanos. “Este enfoque lo que hace es establecer estándares legales, desarrollados por el sistema internacional de protección de derechos humanos que constituyen varas, marcos, criterios. Son estándares a partir de los cuales los estados tienen que pensar, diseñar e implementar políticas públicas”, desarrolló. Royo expresó que realizó aproximadamente 40 entrevistas, divididas entre Poder Legislativo, Ejecutivo y, particularmente, el Judicial, ONG, especialistas en derechos sociales y organismos de control.
Luego, sostuvo que el primer punto para desarrollar en este período en materia habitacional tiene que ver con el incremento de los desalojos en la Ciudad. “En el período estudiado hay un gran incremento de desalojos privados y también del propio gobierno local y nacional, que buscaban desocupar determinados inmuebles”, indicó Royo. Así, en el marco de estos litigios, se daba el debate entre el derecho a la vivienda de quienes residían en terrenos o edificios con el derecho a la propiedad de quien pedía su restitución. “Aparece el Poder Judicial como un buen canal expedito para lograr estas desocupaciones, lo que hizo también que en 2001 en el marco del Código Procesal Civil y Comercial se habilitaran nuevas vías para hacer más expeditos y rápidos estos desalojos”, consideró. Por otra parte, examinó que existe una imposibilidad de poder cuantificar el fenómeno de los desalojos, a raíz de que hay varias jurisdicciones que intervienen en estos juicios. Además, destacó que es el gobierno de la Ciudad quien está obligado a dar respuestas a los afectados, cualquiera sea la modalidad del desalojo. La respuesta que da el gobierno de la Ciudad frente a este fenómeno es el programa de atención para familias en situación de calle. “Según la sindicatura en 2009, el 80% de las familias de este programa provenían de desalojos, por lo que no es un fenómeno menor”, aseveró.
“El desafío que implica llevar la perspectiva de derechos al evaluar las políticas públicas es un camino que recién empezamos metodológicamente y en el cual hay que construir el campo e identificar las herramientas para que el análisis sea enriquecedor de las discusiones públicas. El esfuerzo de tu trabajo me parece un gran contribución”, reflexionó Gustavo Maurino. Al hablar del problema de los números, el orador entendió que trabajar con análisis de políticas públicas desde una perspectiva empírica, cruzando con asuntos normativos, como los indicadores de derechos, en un contexto en el que el acceso a la información de lo que produce el estado es casi imposible, constituye un gran desafío para cualquier tesista. Otro desafío de este campo, según Maurino, se vincula con armonizar con dos discursos: el discurso de los derechos y el de las políticas públicas. “Elegís la más difícil de todas las intersecciones que son los operadores jurídicos, que están acostumbrados al lenguaje del derecho, y mirás su impacto en clave de política pública”, describió. Por otro lado, el orador aseveró que lo que la Justicia ha logrado es una judicialización reiterativa pero no estratégica ni estructural. “Tu conclusión de que el Poder Judicial no creó capacidades para lidiar con esto es fascinante, porque son miles de amparos, las estadísticas demuestran que lo único que hace el Poder Judicial es administrar estos amparos en términos de cantidad”, manifestó.