Ciclo de conferencias Norberto Bobbio sobre Justicia y Derecho de la Vejez
María Isolina Dabove
El pasado 26 de octubre en el Aula 1 de Extensión Universitaria se realizó un nuevo encuentro del Ciclo de conferencias Norberto Bobbio sobre Justicia y Derecho de la Vejez en su V Edición. En esta ocasión, el mismo versó sobre la vejez en instituciones totales: cárceles, psiquiátricos y residencias gerontológicas.
En primer lugar, la directora del Ciclo, María Isolina Dabove, expuso acerca de las residencias gerontológicas y derecho de la vejez: vivienda, autonomía y cuidados. Dabove comenzó diciendo, a modo de introducción, que “si hay un área en donde el derecho se debe un debate es en este tema. Las residencias gerontológicas constituyen una alternativa habitacional en relación a una persona que decida vivir allí” pero, observó la oradora, no ha sido pensada de esta forma desde el inicio y ni tampoco en la actualidad, en el imaginario colectivo, es considerada desde ese punto de vista. “Entonces, en la práctica, lo que vemos es que las residencias gerontológicas se transforman en antesalas de la muerte”, indicó. Seguidamente, manifestó que el tema de su ponencia tiene que ver con una perspectiva filosófica e histórica de los geriátricos “que nos pueden servir para comprender e ir hilando las demás exposiciones”, explicó.
En relación con los geriátricos, la oradora señaló que “es una institución compleja en donde se ofrecen múltiples servicios respecto de personas que deciden alojarse y vivir allí. En una palabra: es una casa a la que habría que acceder de manera libre y voluntaria dado que un geriátrico no es una posibilidad a la que estoy conminado por una decisión judicial”, desarrolló. Expuso, asimismo, que “hay alguna jurisprudencia de nuestro país que las ha asimilado a los contratos de hospedaje o alojamiento pero, en realidad, son instituciones atípicas, es decir, todavía no han sido receptadas en el derecho privado y, entonces, no contamos con herramientas que nos permitan definirlas y calificarlas jurídicamente de una manera indubitable” y agregó que la jurisprudencia también ha entendido que junto con la obligación de brindar un lugar en donde vivir y hospedarse, “a estas instituciones les pesa otro tipo de obligaciones, tales como brindar la alimentación adecuada, una nutrición racional, tienen que cumplir con las reglas que hacen a la seguridad en cuanto a la vida cotidiana, tienen que cumplir con las normativas referidas a la eliminación de las barreras arquitectónicas de modo de transformar ese espacio en un lugar habitable e incluyente (…) y sobre todo pesa sobre el geriátrico el deber de cuidado”.
Por otra parte, Dabove contó que en Argentina hay tres tipos de residencias gerontológicas. Las públicas que a nivel federal hay 7, las residencias privadas y las residencias mixtas, “por ejemplo, como ocurre en algunas ciudades del interior en donde funcionan estos espacios sostenidos por el aporte del estado pero, además, por la donación de alguna sociedad de beneficencia o de una fundación del lugar y, en algunos casos, hay un tercer actor que son las órdenes religiosas que históricamente se han ocupado de la puesta en marcha de estas instituciones”. Más tarde, afirmó que un geriátrico está atravesado por lo que señala el derecho constitucional y el derecho internacional como también pesan las normas del derecho administrativo y las normas del derecho privado, en particular el derecho de las sociedades. “Hay aquí una ingeniería jurídica que hay que pensar de antemano para que funcione y para que su objeto esté bien constituido”, especificó.
Acto seguido, Margarita Murgieri (vicepresidente de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría) disertó sobre el envejecimiento global, las nuevas necesidades y nuevos paradigmas residenciales. Luego, Sebastián Barocelli (profesor de Derecho Privado, UBA) expuso acerca de los contratos de servicios residenciales, el consentimiento informado y los derechos del consumidor. Más tarde, Gustavo Ciappa (director del Hogar San Martín de Buenos Aires) se refirió a las residencias públicas en Argentina: herramientas y desafíos. Finalmente, Daniel Obligado (profesor de la Universidad de La Matanza) y Susana Rubinstein (directora Nacional de Políticas para Adultos Mayores) se enfocaron en los delitos penales en el ámbito de las residencias gerontológicas y las políticas públicas sobre residencias gerontológicas en Argentina, respectivamente.