Cárcel y medios de comunicación: ¿Qué y cómo informar?
El 7 de mayo en la Sala Vélez Sarsfield se realizó la charla “Cárcel y medios de comunicación: ¿Qué y cómo informar?”, en cuyo marco se llevó adelante un diálogo con la periodista Sol Amaya. La actividad fue organizada por el Centro de Estudios de Ejecución Penal (CEEP). La periodista trabaja en el diario La Nación hace diez años. En sus comienzos, se dedicó a escribir en la sección de policiales.
Para comenzar, afirmó que “el periodismo policial tiene por costumbre trabajar con fuentes que son siempre las mismas, el fiscal o el policía, y es muy difícil contar la historia del otro lado, y durante mucho tiempo se pensó por qué vamos a pensar la historia del otro lado. Hizo mal, está mal y por algo está ahí”.
Su enfoque cambió cuando conoció la experiencia del Centro Universitario de Devoto. “Me pareció una nota interesante porque no sabía que podías cursar carreras universitarias en prisión, me dio curiosidad y fui a compartir con ellos la cena de la gente que ya había salido de la cárcel y se había recibido de abogado”, contó y agregó que “compartiendo con esta gente, me di cuenta que en la costumbre cotidiana de informar sobre policiales, uno no piensa qué pasa con el después de la gente que pasa por un proceso penitenciario. Casi que nos desentendemos, no solo del Poder Judicial o el periodismo. Todos los ciudadanos estamos acostumbrados que fue a parar a la cárcel, solo nos acordamos de esa persona si la persona cuando sale reincide”, comentó.
En ese momento, comenzó a dictar un curso de periodismo en el Penal de Ezeiza en el que los participantes analizaron cómo aparecían ellos mismos en las notas policiales. Querían contarlo de otra forma, decían: “¿Por qué todos los policiales están encabezados de la misma manera y por qué no podemos contar nuestras historias también?”.
El trabajo que realizaron en el diario sobre muertes en cárceles requirió de la colaboración del equipo de periodismo de datos. El informe fue elaborado con informes de la Procuración Penitenciaria, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Sin embargo, se encontraron con muchas dificultades para acceder a la información durante la investigación. “El problema que sigue teniendo es que como la información viene de los distintos sistemas penitenciarios provinciales no está sistematizada. Otro problema son las plazas penitenciarias, qué considera una plazas uno se pone a investigar, hay cárceles que un año tienen espacio para trescientas personas y al año siguiente tienen lugar para quinientos y no hicieron una sola obra de infraestructura”, sostuvo.
En este sentido, Amaya reconoció que el artículo se realizó con datos provenientes de las cárceles federales y bonaerense y enfatizó que “es un trabajo conjunto, porque no es solo el periodismo, es un trabajo conjunto también con las personas que trabajan dentro del poder judicial: abogados, jueces, fiscales. Con el mismo Estado, porque en realidad hay parámetros a nivel internacional sobre cuánto tiene que ser considerado un espacio para que una persona esté en condiciones dignas. Entonces, no es que las provincias pueden informar lo que quieren. Esa información debería estar informatizada”, concluyó.