Acuerdo de Escazú. Una mirada desde la sociedad civil: futuro de las regulaciones de bosques y humedales
Acuerdo de Escazú. Una mirada desde la sociedad civil: futuro de las regulaciones de bosques y humedales
El 15 de octubre el Centro de Derecho Ambiental invitó a disertar a Andrés Nápoli, abogado (UBA), magíster en Derecho Ambiental (Universidad del País Vasco), director ejecutivo de la FARN y representante electo del público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú, en el marco de la actividad “Acuerdo de Escazú. Una mirada desde la sociedad civil: futuro de las regulaciones de bosques y humedales”.
“El acuerdo de Escazú parte fundamentalmente de una preocupación y un mandato que se conoce como el principio de los tres accesos que es el principio 10 de la declaración de Río de Janeiro que establece tres elementos sustanciales para la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y la posibilidad y la necesidad de tratar los temas ambientales con la participación de los ciudadanos”, comenzó diciendo Andrés Nápoli y explicó: “Por eso, este elemento central establece que la mejor forma de tratar los temas ambientales es con la participación de todos, que en el plano nacional hay que reconocer un adecuado acceso a la información pública, que las comunidades tengan la oportunidad de participar de los procesos de toma de decisiones que se relacionen con cuestiones de su calidad de vida, de su entorno o de las perspectivas propias de sus propias comunidades y también hay que asegurar un acceso adecuado a la justicia”.
Luego sostuvo que los países de América Latina y el Caribe hicieron bien en establecer la necesidad de tener un acuerdo propio porque América Latina tiene características, necesidades y problemáticas muy distintas a las europeas y me parece que fue una buena decisión intentar transitar el camino de un primer acuerdo multilateral ambiental de la región”.
Por otro lado, expuso sobre las preocupaciones de los países y por qué se quiso abordar el Acuerdo de Escazú. “Había una divergencia de legislaciones. Hay países, como el nuestro, que tienen una legislación desarrollada y en casi todos los temas de acceso pero claramente tenemos problemas de implementación si no, no tendríamos el elevado nivel de conflictividad social y ambiental que tenemos”, detalló y planteó que “además la región tiene características propias que es bueno reconocer. Tiene el tema de género, la cuestión de los pueblos indígenas y afrodescendientes que cuentan con dificultades para ejercer derechos por lo menos en condición de igualdad y no discriminación (...). Por eso el acuerdo apunta mucho a los sectores en situación de vulnerabilidad. Las cláusulas, fundamentalmente las que hacen a la participación ciudadana o al acceso a la justicia, están pensadas en facilitar el ejercicio para los sectores que llamamos en situación de vulnerabilidad”.
En cuanto al camino que se recorrió para lograr el acuerdo, que fue adoptado por 24 países el 4 de marzo de 2018, relató: “En Río+20 se inició un proceso de explotación y después tuvo lo que se llama los caminos estándar que tienen los acuerdos a través de lo que son las reuniones de los grupos focales, que son las preparatorias, y después cuando los países se deciden a ingresar a la negociación, las reuniones del comité de negociación”. Y subrayó que “desde el momento mismo de la reunión de Río+20 la sociedad civil ya comenzó a integrarse a lo que fue el proceso de exploración, preparatorias después y de negociación”.
En este marco, señaló que “fue una negociación ardua porque el Acuerdo de Escazú a diferencia de otros acuerdos ambientales no está regido por un tema en particular. Es un acuerdo basado en derechos. Entonces, las motivaciones de los países son muy diversas y múltiples y esto afectó a la negociación”.
Seguidamente, enfatizó que “es el primer acuerdo del mundo en establecer garantías de carácter vinculante para defender a los defensores de derechos humanos en temas ambientales. Y acá se establece un vínculo entre derechos humanos y ambiente, un vínculo muy reclamado. Hace muchísimo tiempo que venimos pidiendo que estos derechos tienen que ir de la mano y hermanarse. Ya lo ha dicho la Corte Interamericana en el caso de Colombia con Nicaragua: el Acuerdo de Escazú es el puente que unifica derechos humanos y ambiente en la región”.
Asimismo, especificó que es un instrumento de carácter vinculante que se adoptó sin reservas. “De esta manera los países que lo ratifiquen ya no podrán reservarse la posibilidad de no acatar una serie de temas del acuerdo”, detalló y sumó que “el acuerdo busca mejorar la legislación y la implementación de los derechos de acceso a nivel de los países y lo quiere lograr a través de la cooperación y el fortalecimiento de capacidades. Es decir, no va a ser mágico”.
También explicó que el acuerdo crea la Conferencia de las Partes, que va a ser la que va a regir el acuerdo y también va a tener participación del público, y al Comité de Aplicación y Cumplimiento, que es el que va a estar en el detalle específico de lo que es la implementación del acuerdo tanto a nivel países como a nivel continental.
Hacia el final, reflexionó que “fundamentalmente el acuerdo trata estos tres pilares principales para constituir un modelo de gobernabilidad y para el desarrollo sustentable: el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Estos temas son centrales”.