Acciones de incidencia y de litigio para la promoci髇 y defensa del derecho a la alimentaci髇 adecuada. Experiencias en Argentina
Acciones de incidencia y de litigio para la promoci髇 y defensa del derecho a la alimentaci髇 adecuada. Experiencias en Argentina
El pasado 18 de agosto tuvo lugar la jornada "Acciones de incidencia y de litigio para la promoción y defensa del derecho a la alimentación adecuada. Experiencias en Argentina", dentro del Ciclo de debates sobre Derecho a la Alimentación.
El encuentro estuvo organizado en conjunto por el proyecto PIDAE "Desafíos regulatorios y de políticas públicas para la garantía y protección del derecho a la alimentación adecuada", el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC) y la Escuela de Derecho Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Coordinó Maximiliano Carrasco (Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas).
En esta oportunidad, expusieron Marcos Filardi, abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria e integrante de CALISA Nutrición, Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA), Museo del Hambre y del Colectivo de Derechos Humanos Yopoi; y Carmen Ryan, abogada con estudios de posgrado en políticas públicas (FLACSO) y coordinadora de los Programas de Justicia Fiscal y de Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
En primer término, Marcos Filardi planteó una distinción entre el paradigma de la soberanía alimentaria y el modelo agroindustrial dominante. “El paradigma de la soberanía alimentaria es antitético, contrapuesto y superador de esto que llamamos modelo agroindustrial dominante. Entonces, mientras en nuestro país tenemos un modelo agroindustrial dominante basado en la producción de unos pocos monocultivos, unos pocos commodities, destinados principalmente a la exportación y a otros mercados, el paradigma de la soberanía alimentaria entiende que la finalidad de un sistema alimentario central y prioritariamente tiene que satisfacer las necesidades alimentarias de toda la población y si hay un excedente compartirlo con otros pueblos y otros mercados”, analizó y sostuvo que “desde una perspectiva de derechos humanos la finalidad de un sistema agroalimentario tiene que ser la realización del derecho a la alimentación adecuada de todas las personas que están bajo la jurisdicción de ese Estado”.
Más adelante, señaló que “mientras el modelo agroindustrial dominante recurre a un paquete –que nosotros le decimos tóxico dependiente de agrotóxicos transgénicos y fertilizantes sintéticos con devastadoras consecuencias en los territorios–, la soberanía alimentaria entiende que hay otros modos de producir nuestros alimentos en los territorios en armonía con la naturaleza, de la que somos parte, y en armonía con los seres humanos, que genéricamente llamamos la agroecología”.
Luego explicó que dentro de la agroecología “pretendemos englobar a la agroecología extensiva, a la agricultura biodinámica, a la agricultura ancestral, es decir, distintos modos situados en distintos tiempos y espacios que nos permiten producir alimentos sin necesidad de recurrir a ese paquete tóxico dependiente”. Y enfatizó que “la agroecología por la que aboga la soberanía alimentaria es una agroecología de base campesina: una agricultura con agricultoras y agricultores y pone en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena que es, aún hoy, la que con todas sus dificultades estructurales de acceso a la tierra, al agua y a las semillas, la que nos aporte los alimentos que comemos todos los días”.
Por su parte, Carmen Ryan compartió que “desde ACIJ tenemos una agenda que se toca en varios puntos con la agenda del derecho a la alimentación y nos pareció que la agenda sobre política fiscal de derechos humanos tenía que estar presente en estas conversaciones que vienen llevando adelante y que es una agenda que es importante tener en cuenta para fortalecer las estrategias de litigio y las estrategias de incidencia que se puedan pensar para asegurar el derecho a la alimentación adecuada”.
En cuanto a la política fiscal, indicó: “Cuando hablamos de política fiscal y planteamos que es necesario pensarla en relación con los derechos es porque nos parece que la política fiscal incide de forma determinante en la garantía o en el incumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esto tiene que ver con que una parte de la política fiscal, la parte recaudatoria, determina las posibilidades que tiene o no el Estado de hacerse de recursos suficientes para financiar las políticas públicas”. Y aclaró: “Parece que estamos hablando de algo que no tiene tanto que ver con los derechos pero realmente es el sustento que hace que los Estados cumplan o no sus compromisos internacionales”.
En esta línea, aseveró que analizar el presupuesto es la herramienta que permite entender cómo, cuándo y cuántos recursos destina el gobierno para garantizar o no los derechos. Y en la agenda del derecho a la alimentación: analizar los presupuestos públicos, pensando no solo en el gasto público, sino también en dónde el Estado deja de recaudar. Es una herramienta determinante que puede fortalecer muchísimo las estrategias de activistas. En este marco, la oradora presentó la agenda de análisis presupuestario de ACIJ donde se invitó a activistas de distintos temas a involucrarse en el análisis presupuestario para poder impulsar con más fuerza las agendas y se viene trabajando hace años.