Abordajes para el estudio de la prisión
El profesor Roger Matthews al momento de su disertación acerca de los aspectos a considerar a la hora de definir y desarrollar un proyecto de investigación sobre prisiones.
El día 23 de abril, en el salón Azul de la Facultad, se llevó adelante el encuentro sobre “Abordaje para el estudio actual de la prisión. Claves para su investigación”, organizado por las Cátedras de los profesores Titulares de Derecho Penal Alejandro Alagia y Alejandro Slokar y el proyecto de investigación “Perspectivas de la violencia en prisión”.
La presentación estuvo a cargo del profesor Alejandro Alagia quien destacó la importancia de establecer lazos entre la Universidad de Buenos Aires, otras universidades argentinas y la Universidad de Kent (Inglaterra), con el objeto de desarrollar investigaciones sobre el sistema penal y en particular en las prisiones. En sus palabras destacó el rasgo selectivo y racista de los sistemas penales latinoamericanos, advirtiendo sobre los modelos punitivistas exacerbados y sus consecuencias.
A su turno, el profesor Roger Matthews, profesor de Criminología y Director de Estudios de la Maestría en Criminología de la Facultad de Política Social, Sociología e Investigación Social de la Universidad de Kent, disertó sobre los aspectos a considerar a la hora de definir y desarrollar un proyecto de investigación sobre prisiones desde una perspectiva crítica y realista. En este sentido, indicó que debían considerarse cuanto menos cuatro aspectos: la pregunta concreta de investigación, la forma de definición y abordaje del problema, los procesos involucrados y los mecanismos causales en juego y la relevancia para las políticas.
Luego, Gabriel Ignacio Anitua hizo hincapié en el problema del encarcelamiento masivo en las prisiones como fenómeno propio e importado para advertir sobre el crecimiento actual de la tasa de encarcelamiento así como sobre el uso extensivo de la prisión preventiva en nuestro contexto. Asimismo refirió sobre la necesidad de ampliar el prisma de los actores involucrados en la configuración del régimen carcelario y la inclusión del análisis crítico sobre el rol desempeñado por la administración de justicia penal y la necesidad de desarrollar una investigación que construya puentes entre la universidad y la prisión.
A continuación, Hernán Olaeta aseveró que hay diferentes estrategias de investigación para abordar el complejo conocimiento de la cuestión carcelaria. Se indicó que la estadística oficial en Argentina (el SNEEP) puede iluminar sobre ciertos aspectos de la situación carcelaria. Sin embargo, son muchas las dimensiones sobre las que esta fuente de información no brinda datos relevantes o lo hace en forma sesgada. Por ello, toda investigación que tenga por objetivo mejorar las condiciones de detención o brindar herramientas para el diseño de mejores políticas en la materia, debería profundizar tanto en su marco teórico y objetivos como en las estrategias metodológicas.
Ana Clara Piechestein sintetizó las fortalezas y vacancias de los estudios sobre prisión en Argentina. Entre las primeras destacó la posibilidad de acceso y la existencia de datos oficiales (SNEEP, PPN) que autorizan a realizar estudios específicos mediante la utilización de metodologías cualitativas. Entre las segundas, consideró necesario abordar los efectos concretos de la prisonización y de las condiciones materiales del encierro sobre las personas presas a nivel subjetivo y colectivo así como el impacto de esos efectos en su vida al momento de salir en libertad y en sus comunidades. Asimismo refirió que no abundan los estudios sobre cambio organizacional al interior de las instituciones penitenciarias.
Por su parte, Enrique Font y Sergio Delgado comentaron sobre el problema de la tortura así como a la aplicación de las Reglas Mandela (2015) de la ONU y el protocolo de Estambul en el contexto de encierro. Específicamente, el profesor Delgado abordó la situación de los médicos y demás profesionales de la salud con doble obligación, es decir, aquellos que, a su obligación de asistencia compasiva suman el deber de informar a la autoridad contratante, con lo que la confidencialidad no es parte de sus obligaciones.
Así también, Vilma Bisceglia indicó que los déficits penitenciarios frente a la ausencia o disminución de culpabilidad al momento de hecho (art.34 inc.1 CP), las incapacidades sobrevinientes, el consumo problemático de drogas (ley 23.737) y delitos de ofensa sexual (ley 26.813). Así explicó que la ley 26.657 establece como principio general la necesidad de contar con el consentimiento informado del paciente, sin embargo es práctica habitual fijar como objetivo del tratamiento penitenciario que el condenado realice un tratamiento psicoterapéutico simplemente como rutina para reflexionar sobre el delito. Por otro lado, los programas de salud mental no tienen el aval ni la supervisión del Ministerio de Salud.
Finalmente, Gabriela Gusis presentó la propuesta de extensión intercátedra de investigación “Perspectivas de la violencia en la prisión” para resaltar la necesidad de repensar tales cuestiones estructurales con particular énfasis en el análisis de sus representaciones mediáticas y la de los criminalizados desde una perspectiva teórico-práctica. Así, a partir de datos cuantitativos se destacó la necesidad de un acercamiento cualitativo que permita la visibilización de los problemas a través de la voz de los protagonistas a fin de deconstruir la problemática.
Por último, Mariela Barresi destacó la falta de evaluación de alternativas a la hora de pensar la ejecución de la pena que contemple a víctimas no punitivas así como el interrogante macro que vincula los actuales modelos de cárceles y ejecución de pena con las políticas de inclusión y exclusión en sociedades plurales y flexibles.