A cinco años de la AUH. Logros y agenda pendiente
Natalia Debandi, Javier Curcio, Rodrigo Borda y Nora Gluz
El pasado 5 de mayo se llevó a cabo el Segundo Encuentro del ciclo 2015 del Seminario Permanente “Derechos Sociales y Políticas Públicas”, organizado por el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas. En esta ocasión se celebró el panel titulado A cinco años de la AUH. Logros y agenda pendiente, el cual contó con la participación de Rodrigo Borda, Nora Gluz y Javier Curcio.
Javier Curcio, docente e investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la UBA y Secretario del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, trató la vinculación, el desarrollo y la implementación de la AUH con la no institucionalidad impulsada por la ANSES. En primer lugar, entendió que si a la AUH se la define como un programa de transferencia monetaria condicionado y como un componente de la seguridad social, se la puede incluir dentro de aquellos procesos que tienden a universalizar una prestación. Seguidamente, desarrolló una breve reseña histórica sobre los actos más destacables que llevó a cabo la ANSES desde su creación. Asimismo, señaló la fuerte expansión que experimentó la institución, lo cual se evidencia en la multiplicación de centros de atención al público, así como también en el aumento del número de empleados y en el número de recursos disponibles. “La institucionalidad de la ANSES se va instalando y va generando nuevas respuestas a nuevas funciones y políticas”, subrayó. En la misma tesitura, estimó que esta expansión que atravesó la institución demuestra una capacidad organizativa y de gestión importante, en el sentido de poder liquidar, identificar y procesar nuevas transferencias. Por último, mencionó las tensiones que se presentan en la implementación de ciertas políticas impulsada por la ANSES y otros organismos estatales, las cuales estimó deben ser resueltas para la obtención de mejores resultados.
A continuación, Nora Gluz, docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la UBA, se enfocó en la relación existente entre el sistema educativo y la AUH. En primer lugar, se refirió a los métodos utilizados con anterioridad a la implementación de la AUH para favorecer el acceso al sistema educativo, entre ellos la política de becas. Acto seguido, se refirió a los modos de apropiación de esta política en el campo escolar de la provincia de Buenos Aires. “Los procesos de inclusión social y escolar dependen no solo de normas establecidas, sino de cómo son mediadas por las interpretaciones de los protagonistas, y que están fuertemente vinculadas con la potencialidad de constituir o no a los otros en sujetos de derecho”, aseveró. En primer lugar, indicó que en los modos de apropiación de la política de AUH aparece una fuerte presencia de las lógicas territoriales, lo cual genera mecanismos diferentes frente a responsabilidades comunes. Asimismo, manifestó que hay una fuerte resignificación de las nuevas reglas de juego en término de las viejas reglas de juego, es decir, se tiende a asimilar la política de la AUH a una lógica asistencial. Se refirió, además, a la integralidad de las políticas y a las disputas que se construyen entre distintos sectores sociales. “La insuficiencia de los recursos genera disputas locales (…). La falta de acceso a algunos sectores, como la salud, el hábitat, genera una serie de estrategias complejas para poder llegar a ellos, como es el caso de los certificados de discapacidad”, expresó. Finalmente, estimó que las políticas de transferencia monetaria en general tienden a generar mayor igualdad de posiciones aunque no sacan de la pobreza estructural a las familias que se ven beneficiadas por ellas.
El último en exponer fue Rodrigo Borda, subdirector de la Dirección Legal y Contencioso de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Manifestó que su discurso busca brindar una descripción de la problemática de los obstáculos que tienen las personas privadas de la libertad para acceder a la AUH. En primer lugar, destacó que el trabajo en prisión se rige por la normativa laboral y de seguridad social vigente en el medio libre. Agregó que la entidad encargada de coordinar, organizar, gestionar y comercializar el trabajo y los productos producidos por los presos es un organismo público descentralizado del Servicio Penitenciario Federal, llamado Ente de Cooperación Financiera del Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE). “Ningún preso que trabaja cobra asignaciones”, declaró. Esto es así, explicó, debido a que el preso tiene la patria potestad suspendida, en virtud de lo dispuesto por el Código Penal de la Nación. No obstante, el expositor brindó una serie de razones por las cuales tal respuesta resulta inapropiada. En primer lugar, estimó que el 60% de los presos federales no tienen condena firme; en segundo lugar, destacó que algunas asignaciones familiares no requieren que el titular tenga los hijos a su cargo para beneficiarse de ella; y, en tercer lugar, señaló que tal respuesta no contempla la situación de las mujeres que se encuentran en la cárcel conviviendo con sus hijos. Adicionó que la ANSES sostiene que el ENCOPE debe efectuar el pago de tales asignaciones porque dispone de recursos destinados a tal propósito y que es obligación de ella controlar que en verdad se efectúe tal pago. Por otro lado, se refirió a la AUH en particular. En este sentido, estimó que lograron solucionar la problemática del pago registrando a los presos federales empleados de manera tal que no bloqueen la posibilidad de que un apoderado acceda a la asignación. Por último, evocó que las mujeres presas que conviven con sus hijos o están embarazadas, de acuerdo a la ANSES, no tienen derecho a cobrar la AUH debido a que el sistema carcelario las provee de todos los insumos básicos para su subsistencia y la de sus hijos.