A 25 Años de la Declaración de El Cairo: reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos
El pasado 6 de septiembre se realizó la actividad denominada “A 25 Años de la Declaración de El Cairo: reflexiones en torno a los derechos sexuales y reproductivos”,organizada por el Departamento de Ciencias Sociales. Florencia Luna (FLACSO), Marcelo Alegre (director del Instituto Gioja/UBA) y Annie Occoro(CIEA/UNTREF)hicieron sus aportes en la mesa. Enrique Del Percio (PIDESONE/UBA) coordinó el intercambio.
En primer lugar, Florencia Luna afirmó que “sobre todo a partir del año pasado, se tomó conciencia sobre estos temas, pero hasta hace muy poco, había que explicar que era parte vital de la salud integral de las personas”.
En esa línea argumental, retomó el concepto de libertad reproductiva: “Cuando hablamos de libertad reproductiva, la elección de procrear con quién, por qué medios y cada uno de estos puntos abre a un montón de posibilidades. La elección del contexto social en el que la reproducción tiene lugar, la elección de cuándo reproducirse, la elección de cuántos hijos tener. Algo que para nosotros es algo muy común pero fue una revolución a partir de la píldora anticonceptiva, recién ahí se empieza a poder tener una verdadera decisión respecto de estas cuestiones”.
La cuestión de la ética atraviesa estas decisiones tienen “bases morales en las que están implicados argumentos, intereses y distintos valores”. La irrupción de las tecnologías genéticas, la elección de qué tipos de hijos tener, qué mejoramiento, qué prevenciones se le pueden brindar, introducen nuevos interrogantes. En tanto, los aportes de la teoría feminista obligan a revisar la noción de autonomía.
Otro concepto a tener en cuenta cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos es la noción de autodeterminación: “El interés que se basa en nuestra capacidad para formar un plan de vida, revisarlo conforme pase el tiempo y seguirlo. Este es un planteo casi básico de Rawls y que habla de la importancia de la autodeterminación en tanto forma parte de un ideal moral de la persona”.
A continuación, Annie Occoro se refirió a las contribuciones del feminismo negro: “El feminismo negro emerge en 1970 en Estados Unidos de la mano de muchos movimientos de mujeres que dentro del mismo feminismo estaban planteando la necesidad de debatir frente a esta idea de mujer como un sujeto universal”. Y añadió que “no podemos pensar a la mujer como un sujeto universal en abstracto sino que la condición de ser mujer es parte de una construcción socio histórica y varía también si lo vemos en términos de clase, raza, sexuales”.
Recordó que “cuando las feministas blancas estaban diciendo ‘salgamos a las calles’, ‘tomemos las calles’, ‘vamos a trabajar’, las feministas negras decían ‘hemos estamos siempre en las calles, siempre hemos trabajado’, precisamente en condiciones de subalternidad y hacen visible esas opresiones que vivían también esas mujeres. Una cuestión importante para para pensar los derechos sexuales y reproductivos es deconstruir ese sujeto universal”. En ese sentido, reconoció que “no se ha construido ese sujeto mujer en las poblaciones afro o indígenas que en las mujeres blanco mestizas. A las mujeres negras no las podemos pensar fuera de una matriz colonial y de explotación, que también ha sometido sus cuerpos”.
Por otro lado, destacó que una segunda cuestión muy ligada al feminismo negro es el concepto de interseccionalidad. “Este concepto fue propuesto también en el marco de esas luchas del movimiento por los derechos civiles, el movimiento de la visibilización de las mujeres negras y chicanas dentro del feminismo negro norteamericano. El término se le atribuye a Kimberly Krenshu pero en realidad Kimberly lo que hace es sintetizar toda una serie de debates que ya Angela Davis en Mujeres, raza y clase”.
Finalmente, enfatizó que hay que pensar este tema en términos étnico-raciales: “Las mujeres negras y las mujeres indígenas en América Latina enfrentan profundas desigualdades en el acceso a los derechos. No podemos pensar hoy una discusión de derechos sexuales y reproductivos sin pensar el tema del racismo. El racismo condiciona también el acceso de las mujeres a esos derechos sexuales y reproductivos”.
A su turno, Marcelo Alegre expuso sobreel rol de los jueces con relación a los derechos sexuales y los derechos reproductivos en particular en relación al aborto. “Uno de los grandes cambios que produjo la discusión de la Conferencia de El Cairo fue reforzar la idea de entender los problemas poblacionales y de desarrollo en términos de derechos humanos”, expresó.
“Entender estas cuestiones como cuestiones de derechos humanos es muy importante porque debería querer decir que los debates sobre políticas públicas referidos a estas cuestiones, centralmente la cuestión del aborto, deberían reconocer algunos límites”, sintetizó. Y sumó que “no vale decir cualquier cosa, no se puede fundamentar de cualquier manera una política pública. Y aquí es donde la justicia cumple un rol importante porque es la que tiene como función hacer valor los derechos individuales, incluso en contra de consideraciones de popularidad, eficiencia política y económica, etc.”.
Luego retomó las discusiones que se replicaron en el debate parlamentario con motivo del tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “A partir de allí surge la cuestión de si no sería propicio que este debate del aborto continuara en los tribunales. Soy de los que piensa que sería un enriquecimiento del debate público que los jueces y las juezas adoptaran un rol más activo en el debate sobre el aborto. No faltan recursos argumentales en nuestra Constitución para que los jueces tengan un rol más activo”, aseguró.
Sin embargo, reconoció que “hay muchos argumentos en contra de que sean los jueces los que resuelvan este viejo problema presentado por la criminalización del aborto”. “Algunos se basan en teorías de la democracia que sostienen que los jueces por ser un poder contra mayoritario, por estar nombrados de por vida, no ser electos directamente deberían ocupar un rol más secundario en la determinación de políticas públicas y que el centro el poder debe residir en los representantes electos”, expresó. No obstante, refutó estos planteos y afirmó que “no funcionan porque los jueces tienen una obligación a la que no pueden renunciar que es la de fortalecer la democracia a través de sus decisiones”.