30 años de Mercosur: convergencias entre la integración y los derechos humanos
30 años de Mercosur: convergencias entre la integración y los derechos humanos
El 28 de abril de 2021 el Centro de Excelencia Jean Monnet Integración Regional y Derechos Humanos IR&DH, el Departamento de Derecho Público 2 y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) llevaron adelante las vigésimas sextas jornadas de derecho de la integración: "Conociendo el pasado, debatiendo sobre el presente, pensando en el futuro de la integración regional".
En esta ocasión, participaron Calogero Pizzolo (profesor titular de Derecho de la Integración y de Derechos Humanos y Garantías de la Facultad) y Javier Palummo (director del Departamento de Investigación y Gestión de la Información, Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, IPPDH) y disertaron sobre "30 años de Mercosur: convergencias entre la integración y los derechos humanos".
Presentó Andrea Mensa González (profesora adjunta de Derecho de la Integración y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, UBA).
En primer término, Calogero Pizzolo expresó que “la firma del tratado de Asunción fue el exponente en un acuerdo político con una finalidad económica: construir un mercado común del sur que, a través de distintas etapas, iría transformándose en un dolor de cabeza para los especialistas en derecho comercial porque es una unión aduanera imperfecta o una zona de libre comercio”. Y planteó que “el Mercosur fue avanzando y retrocediendo, forjándose un camino dentro de un laberinto y, finalmente, 30 años después podemos señalar que hay convergencias de la integración regional con los derechos humanos”.
Luego se refirió al acercamiento de la integración regional en su perfil económico hacia la integración regional a partir de derechos: “En este sentido, el proceso europeo es el primer y único proceso de integración que parte como un mercado común y termina adaptándose con la carta de Niza. La integración europea comenzó con dos puntos de partida distantes el uno del otro: la integración económica –la firmeza de constituir comunidades europeas del carbón del acero, de energía atómica– y, por otro lado, la necesidad de robustecer un sistema de protección regional bajo la tutela de una comisión y de una corte regional. Ambos puntos de partida significaron el inicio de un largo proceso de consolidación. Lo que empezó como un punto de partida divergente termina convirtiéndose en procesos convergentes”.
Por otro lado, se preguntó si los distintos procesos de integración avanzan en la dirección de un proceso integrado ante el tribunal regional y, en este sentido, señaló una diferencia entre los procesos de integración latinoamericanos en relación con el proceso europeo: “La labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) –organismo de control junto a la Comisión Interamericana, previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos– ocupa un papel central en la tutela de los derechos regionales (...) y, por ejemplo, el estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia inhibe la competencia de este organismo en materia de derechos humanos y la declina a favor de la Corte IDH”.
Seguidamente, sostuvo que “el gran debate que se nos presenta es si nosotros queremos consolidar un modelo de integración que contemple expresamente también la tutela de los derechos humanos o, por el contrario, si queremos consolidar un sistema de integración que preserve su identidad integrarlo al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Me parece que en esto va a ser central primero el sistema de resolución de controversias en el Mercosur y avanzar en la creación de esa corte suprema de justicia del Mercosur (...) para establecer una competencia clara que permite articular con la Corte IDH”.
Javier Palummo se refirió al contexto de evaluaciones en el marco de los 30 años del Mercosur. “La lógica de pensar esta fecha como un momento de evaluación o de examen ha estado presente en discusiones políticas, en la prensa especializada y no tan especializada y en las redes sociales”, comentó y manifestó: “Esta fecha podría haber sido una excusa para un profundo ejercicio reflexivo con contenido político, geopolítico o jurídico normativo sobre todo en un momento clave de la humanidad donde se están procesando grandes discusiones globales que tienen relación con circunstancias que acontecen en esta parte del mundo y respecto de las cuales nuestras políticas públicas tienen mucho que ver”. Sin embargo, reconoció que ha sido una evaluación cargada de adjetivos, metáforas y juicios de valor. Como ejemplo de esto, comentó que se han referido al Mercosur en términos de matrimonio disfuncional, de parálisis, de estado letárgico, entre otras formas. “Esto se dio en el marco de una creciente producción discursiva crítica del multilateralismo que abarca muchos escenarios que exceden lo que puede ser una visión crítica de los procesos de integración regional y que incluye a la institucionalidad de derechos humanos a nivel global y a nivel hemisférico y que incluye específicamente a la institucionalidad que se ha creado en torno a los derechos humanos internacionales y regionales”, explicó.
Hacia el final, desarrolló: “La dimensión política y centrada en la idea de democracia y derechos humanos, además de no ser un emergente tardío del bloque regional y de haber sido una constante de los primeros años del Mercosur, se ha materializado en normas específicas y en la construcción de una institucionalidad regional que fue creada en paralelo a la construcción de esta institucionalidad nacional en materia de políticas públicas en derechos humanos de los diferentes países. Los derechos humanos tienen hitos con el proceso de integración regional, pero también tienen hitos de convergencia con la construcción de políticas públicas nacionales y ambas cosas no han ocurrido en forma alternativa, sino simultánea”.