El voto electrónico en la Argentina
A pesar de la crisis que sufren desde hace tiempo los partidos políticos en nuestro país, las elecciones siempre generan entusiasmo. No debe sorprendernos entonces que el sufragio, su principal objeto, haya caído también en manos de los avances tecnológicos. Es así que en los próximos comicios se estará probando nuevamente el sistema de voto electrónico en varias escuelas del país. La implementación de éste sistema tiene por finalidad lograr una evolución en la trasparencia, la rapidez y la reducción de costos para hacer más eficiente la toma de decisiones.
Sin embargo, no todos los países donde este sistema se ha empleado coinciden en los resultados que proporcionan. Esto es lo que explicaron los especialistas de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), quienes presentaron el 19 de septiembre, en el Seminario Permanente sobre Reforma Política, algunos comentarios sobre la aplicación del voto electrónico en la Argentina y la experiencia comparada, tanto en Latinoamérica como en Europa.
En base a la investigación desarrollada por Úrsula Eyherabide y Federico Centeno Lappas, sabemos que la primera experiencia con urnas electrónicas en nuestro país se produjo durante los comicios provinciales de 2003 en Buenos Aires –en una sola sección electoral y para el padrón de votantes extranjeros–. A ésta se sumó el caso de Ushuaia y, posteriormente, numerosas prácticas piloto a nivel municipal. Estas experiencias sirvieron para concluir que si bien es cierto que el pasaje a la modernización implica un avance en términos tecnológicos, también es real que trae aparejado una serie de riesgos o “nuevos problemas” que deben ser prevenidos.
Los analistas de CIPPEC se preguntaron entonces qué motivos llevaron a otros países a incorporar sistemas de votación electrónicos. En Europa, explicaron, el desarrollo tecnológico de las votaciones tiene un claro objetivo: aumentar la participación política de sus votantes debido a la alta abstención electoral. En América Latina, en cambio, su ejecución tiene que ver con la desconfianza de la población a situaciones fraudulentas. El caso argentino es bastante particular porque el problema del fraude está bastante superado. Entonces, cuando el voto electrónico se introduce para mejorar aspectos del proceso electoral que hoy no son altamente cuestionados en nuestro país, el desafío consiste evitar o prevenir problemas hoy inexistentes.
En las distintas posiciones, están quienes consideran que la modernización tecnológica debe acompañar las primeras fases del proceso electoral –elaboración de padrones en bases computarizadas que eviten falsificaciones de documentos y otros fraudes–. Por otro lado, están aquellos que sostienen que el voto electrónico agiliza el proceso de escrutinio ya que elimina el recuento manual de votos, la confección de actas y los resultados provisorios. Por último, se encuentran los que afirman que la introducción del voto electrónico implica un ahorro de dinero respecto del sistema manual debido a que ya no resulta necesaria la impresión de boletas u hojas de votación.
Sea cual fuere el argumento que se privilegie, nuestros especialistas estiman conveniente señalar una serie de consideraciones y resguardos que deben tenerse en cuenta: el voto electrónico debe asegurar el sufragio universal, secreto, libre, igual y directo; debe asegurar la integridad de los votos, para que éstos no puedan ser modificados o eliminados; su aplicación debe efectuarse sólo después de actualizar la documentación básica y luego de una profunda, masiva y temporalmente extendida campaña de concientización ciudadana; su introducción requiere de una infraestructura de telecomunicaciones medianamente desarrollada; debe contemplarse toda una nueva legislación que tipifique delitos electorales informáticos y, por último, debe posibilitar la certificación de su funcionamiento y auditoria a través de exhaustivos recaudos de control y seguridad, efectuados antes, durante y después de la elección.
Finalmente, en la exposición se dejó en claro que estas recomendaciones no pueden ser plasmadas en un corpus normativo de un día para otro, sino que deben ser objeto de amplios y extensos estudios y debates, en donde participen grupos de expertos en las distintas áreas. Sólo cumpliendo estos recaudos, la organización de los comicios habrá dado un paso adelante. De lo contrario, nuevos conflictos –hasta ahora inexistentes– pueden afectar la transparencia de las elecciones y la legitimidad de los nuevos gobiernos.